El Gobierno anunció que, desde el 1 de enero, la Unase se transformará en una dirección nacional con más personal, recursos y alcance operativo para enfrentar de forma directa la extorsión y el secuestro. La medida, confirmada por el ministro del Interior, busca consolidar una estrategia sostenida contra el crimen organizado y apuntalar resultados en todo el territorio.
Qué cambia con la nueva estructura y por qué ahora
La decisión de elevar la Unidad Antisecuestro y Extorsión al rango de dirección nacional marca un punto de inflexión en la arquitectura de seguridad pública. Creada en 1994 y hasta ahora integrada en la Dinased, la Unase operaba con mandos y presupuestos limitados frente a fenómenos delictivos que han crecido en escala, sofisticación y crueldad. El nuevo estatus supone dotarla de más agentes especializados, tecnología de investigación avanzada y una asignación presupuestaria propia enfocada en desarticular redes de secuestro y estructuras de cobro extorsivo. El mensaje político es claro: el Estado prioriza estos delitos como amenaza central a la vida, la economía y la confianza ciudadana.
La oportunidad temporal no es casual. En los últimos meses se registró un incremento de denuncias y modalidades de extorsión que combinan llamadas intimidatorias, secuestros exprés, uso de cuentas “mulas” y coordinación desde centros penitenciarios. En paralelo, el país ha potenciado su respuesta operativa, con un volumen de acciones policiales que, según datos oficiales, supera el millón en lo que va del año y con incautaciones de droga acumuladas por encima de las 500 toneladas en el bienio reciente. El salto institucional de la Unase busca capitalizar este impulso y traducirlo en golpes selectivos a las finanzas y mandos medios de las bandas.
Enfoque territorial: localización de los casos y redistribución de recursos
La concentración geográfica de los delitos orienta la estrategia. Las autoridades han identificado a Guayas como el epicentro de aproximadamente ocho de cada diez casos de secuestro y extorsión, lo que explica el despliegue reforzado de equipos operativos, analistas de inteligencia y capacidades de investigación financiera en esa provincia. Sin embargo, convertir a la Unase en dirección nacional implica evitar cuellos de botella: se prevé replicar protocolos, formación y herramientas en otras jurisdicciones para responder con rapidez cuando la delincuencia desplace su radio de acción o busque “efectos globo” para diluir la presión estatal.
La coordinación interinstitucional será clave. Fiscalías, unidades de ciberdelito, inteligencia penitenciaria, aduanas y supervisión bancaria deben sincronizar sus flujos de información para seguir el rastro del dinero, bloquear canales de comunicación criminal y acelerar órdenes judiciales en tiempo real. La nueva estructura facilitará ventanillas únicas, equipos mixtos y cadenas de mando más claras para reducir tiempos muertos entre la denuncia, la investigación y la captura.
Operaciones más intensas: metas de fin de año y continuidad en 2025
El ministro del Interior anticipó una ofensiva operativa con énfasis en el cierre del año, concebida para incrementar detenciones y desmantelar células que sostienen la extorsión diaria en barrios, comercios y transporte. El objetivo no es únicamente aumentar cifras, sino elevar la calidad de los resultados: capturar cabecillas, interceptar comunicaciones, asegurar evidencias digitales y documentales, y recuperar activos que financian estas economías criminales. La promesa de que miembros y jefes de bandas pasen las fiestas en prisión se acompaña de una determinación logística: una vez aprehendidos, los objetivos de alto y mediano valor serán trasladados a la Cárcel del Encuentro, sin importar el punto del país donde se concrete la captura, para concentrar custodias, reducir riesgos de fuga y evitar operaciones de rescate.
Esta línea de acción se conecta con un 2025 que, según la autoridad, ya exhibe una fuerte capacidad operativa: más de 1,4 millones de intervenciones policiales acumuladas en el año reflejan patrullajes, allanamientos, controles, inspecciones y labores de prevención que sostienen la estructura de seguridad. La continuidad del esfuerzo requiere mantener estándares de capacitación, una rotación saludable de personal para evitar el desgaste y protocolos de bienestar que disminuyan el estrés inherente a unidades que operan bajo alto riesgo y presión temporal.
Investigación, inteligencia y justicia: tres engranajes que deben calzar
Convertir la Unase en dirección nacional solo se traducirá en mejores resultados si la investigación criminal y la acción judicial caminan al mismo ritmo. En la fase investigativa, se priorizará el uso de técnicas especiales: agentes encubiertos, entregas vigiladas, rastreo de dispositivos, análisis de patrones de llamadas y triangulación de celdas, siempre bajo control judicial. Del lado de inteligencia, el reto es mapear jerarquías y vínculos financieros: identificar empresas fachada, “enfriadores” de dinero y circuitos de lavado que convierten pagos extorsivos en activos aparentemente legales. En el ámbito judicial, la coordinación con fiscalías especializadas permitirá acelerar medidas cautelares, protección de víctimas y testigos, y decomisos precautelatorios que impacten la capacidad operativa de las bandas.
La experiencia internacional demuestra que desarticular redes de secuestro y extorsión requiere tanto la aprehensión de personas como la eliminación de sus recursos: canales de comunicación, cuentas bancarias, flotas de vehículos y acceso a armamento. La nueva dirección deberá organizar unidades de análisis financiero con acceso a informes de operaciones sospechosas, cooperación con sistemas antilavado y acuerdos con proveedores de telecomunicaciones para responder a requerimientos en tiempos perentorios.
Salvaguardia de las víctimas y prevención: el otro pilar de la estrategia
Ningún progreso será sostenible si las víctimas permanecen solas ante la amenaza. La expansión de la Unase debe estar acompañada de protocolos de atención integral que incluyan orientación inmediata, canales de denuncia seguros, asesoramiento para preservar evidencia digital y líneas de contención emocional. La prevención también tiene un componente educativo: campañas para que comercios, transportistas, plataformas de entrega y profesionales independientes reconozcan patrones de extorsión (como llamadas desde números ocultos, exigencia de depósitos a cuentas «mulas» o amenazas con datos expuestos en redes) y sepan cómo actuar sin incrementar el riesgo.
En el ámbito penitenciario, es crucial controlar las comunicaciones ilícitas que se originan desde las cárceles. La implementación de inhibidores, filtros de llamadas, requisas tecnológicas y equipos para el análisis de señales debe ser combinada con investigaciones dirigidas a funcionarios y personas externas que proporcionan teléfonos y chips. Disminuir el control remoto desde las prisiones interrumpe el flujo de órdenes que fomenta la extorsión en las calles.
Transparencia e indicadores: medir para corregir oportunamente
Una dirección nacional contemporánea funciona con métricas precisas. Para evaluar el impacto, se necesitan indicadores que vayan más allá de las detenciones: la tasa de casos resueltos, los tiempos promedio de respuesta, el porcentaje de rescates sin pago de rescate, el monto de activos recuperados, la disminución de llamadas extorsivas activas, el impacto en la reincidencia y la satisfacción de las víctimas con el proceso. La publicación de tableros periódicos, con salvaguardas de seguridad y datos agregados, fortalece la confianza ciudadana y permite corregir desviaciones operativas antes de que se vuelvan crónicas.
La apertura a auditorías internas y externas, junto con la capacitación constante en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza, ayuda a blindar la legitimidad de la nueva dirección. El objetivo es claro: ser eficaces contra el crimen sin sacrificar el Estado de derecho que se busca proteger.
Cooperación internacional y coordinación regional: potenciar capacidades
El crimen organizado trasciende las fronteras internas. Por lo tanto, la nueva estructura de la Unase debe fortalecer los canales de colaboración con fuerzas policiales de países vecinos, centros de inteligencia conjunta y organismos multilaterales. Intercambiar alertas tempranas sobre modus operandi, perfiles de líderes y rutas financieras facilita prever movimientos delictivos y realizar operativos simultáneos. Los acuerdos para extradición rápida, asistencia legal mutua y el intercambio de evidencia digital con cadena de custodia preservada son elementos que, bien integrados, aumentan la efectividad de cada captura.
El apoyo técnico externo también suma: entrenamiento en negociación con secuestradores, análisis forense digital, trazabilidad de criptoactivos y gestión de crisis puede acelerar la curva de aprendizaje y cerrar brechas que los grupos criminales explotan.
Lo que espera la ciudadanía y el desafío de sostener resultados
La población demanda menos discursos y más tranquilidad palpable: poder trabajar, estudiar y transitar sin miedo a una llamada de extorsión o a un secuestro exprés. Convertir a la Unase en dirección nacional es una señal firme, pero lo que consolidará la confianza será la reducción sostenida de incidentes y la percepción de que denunciar vale la pena porque el Estado responde, protege y recupera lo perdido. Para eso, además de operativos contundentes, se requieren procesos administrativos ágiles, atención respetuosa y canales de comunicación que informen sin poner en riesgo investigaciones.
Sostener resultados implica gestionar el desgaste institucional: cuidar al personal con apoyo psicológico, rotaciones inteligentes y equipos adecuados; invertir en tecnología que reduzca tareas repetitivas; y mantener la coordinación política que evita mensajes cruzados. El plan, en suma, combina músculo operativo, inteligencia aplicada y cercanía con las víctimas.
Un avance crucial en una estrategia a largo plazo
La transformación de la Unase hacia una dirección nacional simboliza una apuesta por la especialización y la expansión. Con un mayor número de agentes, un presupuesto propio y una cadena de mando claramente definida, el país busca organizar y profundizar su ofensiva contra la extorsión y el secuestro, delitos que afectan tanto la vida diaria como las finanzas de familias y empresas. La ofensiva de fin de año es el inicio visible; el verdadero éxito se evaluará en 2025 y en adelante, cuando los índices disminuyan, los líderes criminales enfrenten condenas y las redes financieras que los sostienen se queden sin oxígeno. Entre la determinación política y la técnica investigativa, el desafío es transformar esta reforma en resultados que devuelvan tranquilidad a las calles y confianza en las instituciones.
