El Gobierno de Ecuador, a través de la empresa estatal EP Petroecuador y operadores privados, ha desmantelado un total de 174 mecheros de gas en la Amazonía, como parte de un plan para su erradicación definitiva antes de 2030. La iniciativa, que se desarrolla en las provincias de Sucumbíos y Orellana, responde a una histórica sentencia judicial de 2021 que ordena el cese de la quema de gas asociado a la extracción de petróleo para proteger la salud de la población y el medio ambiente.
Del total de mecheros apagados hasta la fecha, 165 corresponden a instalaciones de EP Petroecuador y 9 a compañías privadas. Estas cifras marcan un avance sobre la línea base de 2022, que identificó 424 mecheros pertenecientes a la estatal y 62 a empresas privadas. La eliminación de estas antorchas es una de las acciones prioritarias de la estrategia nacional impulsada por el Ministerio de Energía y Minas.
Solo en lo que va de 2025, EP Petroecuador ha superado sus metas anuales. La petrolera planificó la eliminación de 30 mecheros para este año, de los cuales ya se han apagado 25, lo que representa un cumplimiento del 83% del objetivo. Adicionalmente, se está trabajando en el desmantelamiento de otros cuatro en las plataformas Sacha 470, Sacha 480 y Sacha 380, elevando el total del año a 34.
El proyecto no solo incluye la extinción del fuego, sino también el aprovechamiento del gas relacionado, una combinación de metano, etano, propano y otros gases que antes se perdían. Con este fin, se está desarrollando infraestructura en el Distrito Amazónico que permitirá producir 64,3 MW de electricidad para 2026, beneficiando a los campos Auca, Sacha, Shushufindi, Indillana y Cuyabeno.
Además, se prevé la industrialización de este recurso en el Complejo Industrial Shushufindi para producir Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolinas, lo que contribuirá a la soberanía energética del país. Con estas medidas, el gobierno estima una reducción de emisiones de 338.000 toneladas de CO₂ por año a partir de 2026.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ha calificado el proceso como una prioridad nacional que combina innovación tecnológica, inversión y compromiso ambiental para garantizar un futuro más sostenible. El plan responde directamente a la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, resultado de una acción de protección presentada por un grupo de nueve niñas y jóvenes amazónicas que denunciaron la vulneración de sus derechos a la salud y a un ambiente sano por la contaminación de los mecheros.
El objetivo final es la erradicación total de los mecheros para el año 2030, un compromiso que busca hacer justicia a las comunidades amazónicas y avanzar en la transición hacia un modelo energético más limpio.
