El proceso de selección para la renovación del Consejo de la Judicatura en Ecuador ha encendido nuevas alertas sobre la transparencia institucional. En el centro de la polémica se encuentra Mario Godoy, actual presidente del organismo judicial, quien busca su reelección para un nuevo período de seis años. La controversia se agudiza por la participación de Christian Troya, excolaborador de Godoy, como parte de la comisión técnica que evaluará a los aspirantes.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la entidad encargada de supervisar y llevar adelante este proceso. Tras varios tropiezos legales e impugnaciones, el proceso fue reactivado con la inclusión de una nueva terna, en la cual figura Godoy como postulante. Esta postulación fue viabilizada luego de que la Corte Nacional de Justicia rechazara a uno de los candidatos propuestos por la Asamblea, lo que dejó abierta la puerta para que el actual titular del Consejo de la Judicatura intente permanecer en el cargo hasta 2031.
El foco de atención se ha centrado en Christian Troya, quien actualmente representa a una de las consejeras del CPCCS en la comisión encargada de revisar las carpetas de los postulantes. Troya trabajó bajo la dirección de Godoy en el Consejo de la Judicatura como subdirector de Comunicación, lo que establece una relación jerárquica previa entre ambos. En su rol dentro del comité técnico, Troya deberá revisar los méritos de los aspirantes y emitir criterios técnicos, entre ellos los que se refieren a la carpeta de su exjefe directo.
A pesar de la evidente relación profesional previa, desde el CPCCS se ha intentado restar importancia al posible conflicto de interés. Autoridades del organismo han argumentado que las designaciones de los miembros técnicos corresponden a cada consejería y que no hay violación directa de la normativa. No obstante, diversas voces desde la sociedad civil, así como algunos actores políticos, han exigido una revisión del caso para garantizar la imparcialidad y legitimidad del proceso.
El cuestionamiento ético no se limita al vínculo entre Troya y Godoy. Detrás de esta candidatura también se ha identificado una estructura de apoyo político que involucra al entorno cercano del expresidente del Consejo de Participación, Fausto Jarrín, y a otros asesores que habrían influido en la configuración actual del proceso. Se señala que varios funcionarios relacionados con este círculo han sido colocados estratégicamente en dependencias clave como el CPCCS, el propio Consejo de la Judicatura y la Asamblea Nacional.
Organizaciones de observación electoral y de justicia han manifestado que, aunque el reglamento vigente no tipifica explícitamente esta situación como prohibida, existen principios de transparencia, integridad y objetividad que deberían prevalecer. Para ellos, la presencia de Troya en el comité representa una vulneración al espíritu del concurso público, al menos desde la perspectiva de la percepción ciudadana.
La situación presenta un riesgo más elevado al tener en cuenta que el Consejo de la Judicatura es la entidad responsable de gestionar la justicia ordinaria en Ecuador. Cualquier anomalía en su reestructuración podría minar la confianza en el sistema judicial y propiciar nuevos desafíos legales y cuestionamientos institucionales.
En esta situación, aumenta la inquietud sobre si el CPCCS adoptará medidas para impedir que este procedimiento se desacredite. Mientras tanto, Godoy sigue desempeñando su cargo y, simultáneamente, como candidato en revisión, lo que incrementa las dudas acerca de la verdadera independencia del proceso.
La situación revela una deficiencia en los sistemas de prevención de conflictos de interés dentro de las entidades públicas del país, intensificando el escepticismo del público acerca de la renovación de funcionarios judiciales sin influencias políticas. Todo esto ocurre en un instante crucial para la estabilidad y legitimidad del sistema de justicia en Ecuador.
